miércoles, 3 de agosto de 2011

Estudiando y calibrando la propuesta de reforma educacional de los 9 economistas (PRE9)

Nueve economistas han entrado de manera inusualmente coordinada al debate de la crisis de la educación pues han entregado una importante propuesta. Este solo hecho grafica tanto la contundencia de la misma como la trascendencia del debate. En consideración a la formación educacional (y preocupación) de estos académicos, la PRE9 pone énfasis en dos ámbitos: i) la responsabilidad fiscal que significaría realizar un cambio paradigmático en correspondencia al problema que el movimiento estudiantil viene develando—esto desde hace más de 14 años, puesto que va más allá de la movilización “pingüina”—, elemento que la mayoría de la sociedad debería celebrar, pues para llevar a cabo una reforma de orden sistémico, los 9 señalan que una reforma tributaria es indispensable; y ii) los contenidos mínimos que una reforma educacional debería considerar (i.e. las 11 medidas). Es respecto al segundo énfasis, y sobre la participación social, aspecto que se menciona brevemente (probablemente por un asunto de espacio) a los cuales nos gustaría referiremos en este documento. El objetivo de esto es promover la consolidación de tres elementos que estructuran el debate: i) contenidos de la reforma educacional, ii) reforma tributaria ad-hoc (estos dos últimos ya abordados por la PRE9), y iii) gestión de las dos reformas.
a) Más competencia, y ¿la gratuidad?
It is not easy thing to free oneself from the traditional manner of comprehending phenomena,
(…) or to free oneself from the suggestive influences imposed
by the framework of the traditional conceptual apparatus
(Stanislaw Ossowski 1963, 3)

Tenemos sustancialmente dos críticas a las medidas 4 y 5 de la PRE9. Vamos por la primera, y la hacemos a modo de pregunta (esto ayudará a señalar que el dogma también se aloja en ámbitos que están tradicionalmente sometidos a exámenes de “altos estándares”): ¿por qué finalmente hay que someter a competencia al mundo infantil? pues eso es lo que buscan las medidas 4 y 5. Así como tenemos la convicción de que las evaluaciones son necesarias, creemos también que este es el momento de discutir si la normalización del aprendizaje (todos los educandos deben aprender lo mismo de la misma manera en todos los años) es el único camino para medir los logros de la educación, especialmente cuando se refiere a educandos de 6 a 8 años. Pero cuál es la competencia, simplemente que los establecimientos educacionales recibirían más subvenciones si les va mejor. Esto tiene toda la pinta de ser razonable, pero cuando uno mira que aquellos que tienen la última palabra en esta evaluación son educandos de 6 a 8 años, aparece la red flag. Entonces retóricamente vale la pena preguntarse si ¿acaso someter a los educandos a esta cadena estresante de premio y castigo a tan temprana edad, no será algo errado puesto que la relación entre esta forma general de enseñanza y el método de aprendizaje que se implementaría es por lo menos difusa? Volvemos entonces a preguntar ¿qué van a aprender las niñas y niñas bajo estas dinámicas de competencia, además de idealmente comprender lo que leen, escribir en conformidad a la estructura formal de lenguaje, sumar y restar, y los contenidos de las “materias” que se impartirían (en caso por su puesto de que lo hagan)? Lo que preocupa de esto es que si el equilibrio entre competencia y colaboración es ganado por la primera, se terminarán reproduciendo formas de relación social que no solo no son compartidas por una diversidad de mamás, papás, apoderadas y apoderados, sino también por muchos otros contribuyentes que ven la reforma educacional como un fin en sí misma. La propuesta sería introducir la colaboración como elemento fundante del sistema básico educacional. En este caso la evaluación no puede ser exclusivamente el promedio de los exámenes de los educandos para cada colegio. Entonces habría que buscar mecanismos de evaluación asociados a cómo contribuyen estos colegios a su entorno social.
La segunda crítica está asociada a un elemento que ha llegado a ser el mantra de todas las demandas estudiantiles recientes: “educación gratis”. Sin embargo, curiosamente los 9 no le entran directamente. Naturalmente hablan de subvenciones, créditos, becas (que es lo más cercano a gratuidad), excelencia docente, estándares, remuneraciones, cada una de ellas muy importantes, pero la gratuidad no aparece en ninguna parte de la propuesta, ¿habrá desconfianza de parte de los 9 en el funcionamiento del sistema educacional puesto que es imposible garantizar la gratuidad de alguna parte del proceso educacional? Esta crítica no se hace con el objetivo de alentar la creación de propuestas “populistas”, sino porque es importante escuchar parte importante de los requerimientos de fondo que los interlocutores hacen. Esto además tiene un trasfondo político pues para que uno de los intangibles más importantes de esta crisis se resuelva i.e. falta de confianza, es importante hablar también con el idioma del interlocutor. La gratuidad, en el entendido que la educación es un proceso acumulativo y continuo, debería estar asegurada para los niveles pre-escolares y básicos de enseñanza. El ajuste de la proyección del gasto que los 9 calcularon habría que hacerlo en alguno de los otros niveles de enseñanza.
b) ¿Cómo y quién gestiona estas estas dos reformas?
Estando de acuerdo con la observación que la PRE9 hace respecto a que los resultados reales de la reforma educacional sólo se podrán observar en el largo plazo, es necesario preguntarse sobre quién y cómo se hará el “seguimiento” de los compromisos que conformarán las dos reformas. Ambas preguntas no son en ningún caso triviales porque lo anterior le exige al sistema político formal una continuidad que no tiene. Específicamente, por una parte este sistema ha entrado en una profunda crisis de legitimidad, y por otra, tendrá cambios relevantes a partir de las elecciones presidenciales y parlamentarias, imposibilitando que a los actuales representantes se les pueda exigir accountability. Debido a lo anterior es necesario formalizar un mecanismo institucional que aborde de manera ad-hoc estos dos límites.
Para afrontar la legitimidad no basta con “subir a la mesa” a los representantes del movimiento social (estudiantes y profesores), o a varios notables, y a representantes legítimamente electos del poder político. La virtud de la solución organizacional pasará por el carácter vinculante que tenga, y la capacidad para monitorear el desarrollo de las dos propuestas. Este mecanismo en definitiva permitirá que el intangible de la confianza crezca y eventualmente se consolide, como a su vez garantice la participación social como parte constituyente de un proceso de desarrollo de país. En definitiva no estamos pensando en una comisión que sólo evacúe un informe, sino en un grupo de trabajo que además de ello tenga la facultad para ver cómo dichas propuestas son introducidas en el trabajo ejecutivo y parlamentario por el período en el cual existirá. En principio creemos que este grupo de trabajo, y esto apunta a ver cómo se podría superar el cambio de representantes del poder político formal, debería tener una duración de cinco años pues eso garantizaría que el seguimiento se hace al menos dos períodos gubernamentales y parlamentarios. En definitiva la creación de un mecanismo institucional de esta naturaleza podría atender de fondo y forma la crisis educacional, pues se institucionalizaría un proceso de negociación resolutiva en el cual la participación social de los actores colectivos involucrados, los cuales representan modelos educativos que se insertan en un continuo de colaboración y competencia, tendrían las facultades para llegar a acuerdos nacionales y hacer los seguimientos respectivos a los órganos que ejecutan estas decisiones.
En resumen y para finalizar, el test de la reforma no sería que los líderes del país estén dispuestos a que sus hijos vayan a las escuelas para los cuales se está haciendo la reforma, sino que las personas comunes y corrientes saben que la formación que sus hijos recibirán les permitirá a ellos desarrollarse como personas integrales, entre las cuales ser líder nacional es solo una de las múltiples opciones.

Ignacio Nazif

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